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Venezuela es un país rodeado de agua, por el norte, sus fronteras limitan con el mar Caribe y por el sur al menos 90% de sus límites están demarcados por ríos, lo que hace que la ilegalidad propia de las zonas de frontera utilice estas vías para el transporte de mercancías y de personas.

De acuerdo con investigaciones de campo realizadas por FundaRedes, denuncias y testimonios
recibidos en la organización, los principales cuerpos fluviales utilizados por grupos armados irregulares, organizaciones de guerrilla de origen colombiano y bandas criminales para controlar los territorios fronterizos y las actividades económicas ilegales son la cuenca lagunar Marabina y la hidrográfica del río Catatumbo –comunes para el departamento de Norte de Santander, Colombia, y el estado Zulia, Venezuela– junto a un importante tramo del río Táchira –que separa el departamento de Norte de Santander en Colombia y el estado Táchira en Venezuela-; así como los ríos Arauca, Meta y Orinoco, límites entre Colombia y Venezuela desde el llano hasta la Amazonía, y el río Negro, que establece la frontera entre Venezuela y Brasil.

En las fronteras de Zulia y Táchira con Colombia los ríos conectan cientos de pasos ilegales, conocidos como trochas. En muchos de ellos hay puentes artesanales que facilitan el paso ilegal de personas y mercancías, aunque en algunos casos los contrabandistas se valen de botes, chalanas y todo tipo de embarcaciones improvisadas para mover sus recursos de una a otra orilla. En la medida en que el caudal es más abundante y los ríos se hacen más navegables se convierten en verdaderas autopistas fluviales, ríos de ilegalidad que conectan a Venezuela con Colombia y Brasil; en los territorios de Apure y Amazonas propicios para el tráfico de productos y materia prima que van desde ganado en pie y productos agrícolas hasta combustibles y oro.

En la zona de Arauca, específicamente en el lugar conocido como “Paso de las Canoas”, en el sector Murgas, muy cercano al Puente Internacional José Antonio Páez, se registra un alto movimiento de personas que salen sin documentación de Venezuela a Colombia y viceversa. Un testimonio obtenido por FundaRedes que forma parte de nuestra base de datos da cuenta de que “allí hacen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional mediante el Frente Domingo Laín, que a su vez

depende del Frente de Guerra Oriental y las 2 disidencia de la Farc-EP provenientes del Frente 10 Martin Villa, del cual se encuentran divididas tanto del lado de Apure-Venezuela, como Arauca-Colombia”, precisó la fuente quien pidió mantener en reserva su identidad por razones de seguridad.

Un investigador en Apure que colabora con organismos internacionales afirmó a FundaRedes que en las inmediaciones del río Arauca, la disidencia de las FARC ejerce el control del territorio,
narcotráfico y contrabando de gasolina, igualmente realizan secuestros en Colombia y pasan a sus víctimas a territorio venezolano para mantenerlas en cautiverio, modalidad que aplican desde el año 2018. “Los plagiados son pasados por lugares fluviales, no solamente por el río Arauca binacional, sino también por otros sectores ribereños de El Amparo, La Victoria, Los Pájaros, en los municipios Páez y Rómulo Gallegos del estado Apure que confluyen con el departamento de Arauca-Colombia”, afirmó. Según este investigador, más de 10 personas secuestradas en 2019 fueron trasladadas por estos pasos, y comenzando el año 2020 ya se han reportado varios casos similares.

Pero además, las pugnas por territorios generan enfrentamientos a uno y otro lado del río, en los que en ocasiones quedan atrapados ciudadanos comunes. Uno de los casos más recientes fue reseñado por la prensa colombiana tras la muerte de un taxista venezolano en medio del fuego cruzado.

La fuente aseguró a FundaRedes que “el río Arauca es controlado por la guerrilla del lado venezolano, mantiene un monitoreo constante sobre todo del contrabando de gasolina para el
cobro de la vacuna tanto a los canoeros como a quienes la trafican. Las personas tienen temor a todo, hasta a denunciar, ya que los guerrilleros pueden matar a quienes ellos consideran que
están informando tanto a medios de comunicación como a agentes del orden público en los dos países limítrofes”.

Con esta afirmación coincide el testimonio de una dirigente social de la comunidad de Guasdualito, municipio Páez del estado Apure, dado a la radio local y del cual FundaRedes tiene respaldo, quien afirma: “La gente tiene temor porque le llegan a la casa y los matan, les dan tres tiros y los matan”. Asegura que ante la constante presencia de organizaciones armadas “los ciudadanos de frontera no tenemos calidad de vida, vivimos en zozobra, han pasado muchos casos. Aquí no hay gobierno, cómo va uno a colocar una denuncia si estamos acéfalos. Vivimos en un régimen totalitario porque ellos mismos (el gobierno) se pagan y se dan el vuelo, ellos son el régimen, tienen a su gente de la Fuerza Armada, pero a la vez trabajan con grupos paramilitares, y ellos les pagan a esos grupos para que accionen en la frontera, ahí todo el mundo tiene derecho al porcentaje de la canoa, derecho al porcentaje del contrabando que pasan, del cobre que pasan, de la chatarra que pasan, todo el mundo paga, y no solo eso, sino que también lo pagamos todos en las alcabalas a la Fuerza Armada”.

Los habitantes de estos territorios fronterizos se han ido acostumbrando a que la autoridad de la zona es encarnada por miembros de esos grupos armados irregulares, y muchas veces se ven

 

 

obligados formar parte de esas organizaciones criminales, pues quienes no actúan como sus colaboradores exponen su integridad personal y la de su familia, lo que constituye graves violaciones del derecho a la vida establecido en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, así como en el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que: “el derecho a la vida es inviolable”.

DIVERSOS TIPOS DE VULNERACIÓN
Durante la tercera semana de enero 2020 ocurrió un “paro armado” impuesto por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en la comunidad fronteriza de Arauca, en territorio colombiano, el cual tuvo repercusiones en las orillas venezolanas del río del mismo nombre, donde hombres armados confiscaron los motores a los botes de los pescadores y controlaron el paso de los migrantes en la zona, confirmó a FundaRedes la periodista en Apure Isaura Ramos.

Testigos a los cuales ha tenido acceso nuestra organización y activistas que han estudiado el movimiento en estas zonas afirman que a lo largo de todo el territorio fronterizo los grupos armados irregulares que utilizan los ríos y cuerpos de agua como autopistas de ilegalidad son principalmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las FARC, que además controlan las poblaciones y territorios adyacentes; aunque en algunas zonas como la frontera entre Táchira y Norte de Santander, e incluso el sur del lago de Maracaibo, en Zulia, opera una decena de bandas delincuenciales con alto poder de fuego que también pugnan por el control de estos territorios de frontera y los pasos fluviales asociados a ellos.

El control ejercido en estos territorios por parte de estas organizaciones armadas afecta de manera directa el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas de quienes residen en las poblaciones circunvecinas y dependen de estos cursos de agua para su sustento. En la zona norte del estado Táchira, donde los ríos Grita y Orope comunican con el colombiano Departamento de Norte de Santander, activistas de FundaRedes han comprobado cómo esas vías son utilizadas por personas vinculadas a los grupos armados que mantienen control sobre estos territorios para el contrabando ilegal de combustible, el cual habitualmente movilizan en balsas artesanales o canoas de pesca de uno a otro lado de la frontera.

Este dominio armado sobre los pasos fluviales fronterizos impide el libre tránsito, lo cual es una vulneración del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (“Toda persona tiene derecho a circular libremente”), en concordancia con el artículo 50 de la Constitución venezolana (“Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional”).

También constituyen vías expeditas para desaparecer evidencias vinculadas a delitos, incluidos
cadáveres de ciudadanos plagiados y asesinados en sus riberas. En Bolívar, FundaRedes obtuvo el testimonio de una víctima de secuestro que logró evadir esta situación:

“Ellos pretendían llevarme a un río llamado Simonero, que queda en Los Pijiguaos, con la intención de asesinarme porque al momento en que ellos me levantan yo oí cuando el colombiano, después que me estaba ahorcando con el resto de mecate sobrante con que yo estaba amarrado, dijo:-vamos a matar aquí mismo a este perro, y oí cuando una de las personas dijo:- No, no, no, vamos a llevarlo para Simonero… Simonero es un río donde los propios residentes han sido desplazados por la guerrilla, la gente vivía a orillas del río, había inclusive una señora que tenía un kiosco que hacía sopa todos los sábados para la gente que iba a bañarse al río, y todos, todos fueron sacados de allí, y allí es donde opera la guerrilla ELN”.

En el estado Bolívar los cursos de agua se convierten, además, en receptores de gran cantidad de desechos químicos provenientes de la explotación ilegal de las minas de oro controladas por
grupos armados autodenominados “sindicatos”, así como por disidencia de las FARC y facciones
del ELN, lo cual ha sido revelado por investigaciones de diversas organizaciones, medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales. La actividad ilegal de estas agrupaciones
además ha causado envenenamiento de especies autóctonas que sirven de sustento a las comunidades indígenas y ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los pobladores.

Al haberse convertido nuestras fronteras fluviales con Colombia y Brasil en autopistas de ilegalidad, la pérdida de soberanía es un hecho cotidiano, un hecho que vulnera el artículo 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) referido al ejercicio de la autoridad en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas
interiores. Por los testimonios de lugareños y denuncias –publicadas en medios venezolanos y
colombianos y recibidas en nuestra organización– se conoce que muchas veces miembros de cuerpos de seguridad del Estado lejos de garantizar seguridad actúan en complicidad con los grupos armados irregulares que dominan las zonas de frontera.

Al estar estos pasos fluviales fronterizos controlados por los grupos armados irregulares sirven abiertamente para el desarrollo de actividades ilegales de tráfico, además, facilitan la explotación indiscriminada de nuestros recursos y su transporte ilegal en detrimento de las poblaciones, lo que constituye abiertas violaciones de los derechos a la vida, al libre tránsito, a la integridad y seguridad previstos en la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, en la Convención Americana de los Derechos Humanos y en pactos y convenios suscritos por el Estado venezolano; y además vulnera la garantía de la protección del ambiente para generaciones presentes y futuras violando lo establecido en el artículo 127 de la Constitución de Venezuela, según el cual: “Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro… El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica…”.

El 21 de febrero de 2020 FundaRedes denunció en la Fiscalía General de la República estas actividades ilegales cometidas por los grupos armados irregulares documentadas los últimos meses en los estados fronterizos venezolanos. Se le pidió a la Fiscalía General de la República que investigue estas situaciones a fin de garantizar a la población los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana, así como también en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.