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Las deprimidas condiciones económicas en las zonas rurales venezolanas fronterizas con Colombia y Brasil cada vez más afectadas por la hiperinflación, la contracción de las fuentes de empleo y la devaluación de la moneda impide a la población cubrir sus necesidades básicas, situación que facilita su participación en actividades ilegales como una alternativa laboral.

En estas zonas donde el Estado venezolano está prácticamente ausente, la figura de los grupos armados irregulares –que controlan las actividades ilícitas como el contrabando de combustible, de alimentos, medicinas, el narcotráfico, la extorsión y el secuestro– emergen como los nuevos “patronos”, e incluso se han convertido en los principales proveedores de empleo. Aprovechan la vulnerabilidad económica de las familias para captar no sólo a adultos, sino también a niños y adolescentes que abandonan las escuelas para incorporarse a alguna actividad laboral que les permitan contribuir con el sostenimiento de sus hogares. Así es como cada vez más menores de edad pasan a ser presa de estas mafias del contrabando y la violencia que tienen tomadas estas poblaciones.

Esta vulnerabilidad no sólo existe para los niños y adolescentes que han nacido y crecido en la zona, sino para los que se han desplazado a los estados fronterizos con sus padres, algún familiar o incluso solos en un intento por aprovechar las ventajas que ofrece la dinámica en la frontera para generar ingresos, sobre todo con las actividades que giran en torno a la migración masiva y al contrabando.

El artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho de la niñez al descanso, al esparcimiento, al juego, las actividades recreativas y a la plena y libre participación en la vida cultural y de las artes. Pero la situación en la frontera vulnera este derecho al exponer a los niños y adolescentes a los grupos armados irregulares que buscan cada vez más maneras de acercárseles.

También contraviene el derecho a la educación del cual la UNESCO plantea que: La Educación es un derecho humano fundamental que está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y a muchos otros instrumentos internacionales. El derecho a la educación es uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial Educación 2030, así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para lograr un desarrollo sostenible…

La educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad”.

En las zonas limítrofes la fortaleza del peso colombiano y del real brasileño frente al bolívar, la posibilidad de acceder con mayor facilidad a dólares americanos o incluso lograr aunque sea una pequeña porción del oro que se extrae en las minas de Amazonas y Bolívar es la motivación que impulsa a estos jóvenes en edad escolar a incursionar en el trabajo informal en una primera etapa y luego a ser captados por los grupos armados irregulares.

En septiembre de 2019 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que la profundización de la crisis en Venezuela habría dejado por fuera del sistema escolar a cerca de un millón de niños y adolescentes: “Cualquier niño en riesgo de abandonar la escuela hoy socava el futuro de todo el país mañana. Venezuela simplemente no puede permitirse eso”, dijo en ese entonces el director del organismo para América Latina y el Caribe, Bernt Aasen.

Desde 2013 y en ediciones anteriores de este boletín nuestra organización ha documentado y denunciado el ingreso de estas organizaciones armadas irregulares a las escuelas para adoctrinar y captar a los estudiantes bajo coacción a los directivos y docentes.

En recientes trabajos de campo realizados por FundaRedes para evidenciar esta situación docentes de los estados Zulia, Táchira y Apure relataron con preocupación cómo las matrículas en las escuelas donde imparten clases han mermado porque los alumnos prefieren ir a trabajar en el mercado informal y algunos han cedido a los ofrecimientos de la guerrilla que les pagan 50.000 pesos diarios, aproximadamente 16 dólares al cambio.

Entre los testimonios obtenidos está el de Clemencia González, docente de la unidad educativa Andrés Eloy Blanco, en Maracaibo, estado Zulia, quien dijo a los activistas de FundaRedes que en esa institución hubo una reducción de 60% de alumnos inscritos en relación con el periodo 2018-2019, en su mayoría niños varones de edades comprendidas entre los 8 y 12 años edad.
“Al consultarle a los representantes el motivo por el cual no asisten a la escuela responden que prefieren que sus hijos los ayuden económicamente con la venta de gasolina que pasando hambre y necesidades en la escuela”, destacó la docente.

Los adolescentes son los más expuestos, la deserción en los liceos resulta abrumadora debido a que es la edad más buscada por las organizaciones guerrilleras para explotarlos y adoctrinarlos.

Un docente del municipio rural La Cañada de Urdaneta, también en Zulia, afirmó que en la institución en la cual trabaja la matrícula se redujo de 700 alumnos en el período 2018-2019 a tan solo 260 para 2019-2020: “Se han ido al bachaqueo de combustible. Uno ve pasando camiones con un poco de muchachos arriba con pimpinas de gasolina, nadie les presta atención. Estamos en grave situación escolar… Hay niños, jóvenes de la parroquia metidos en extorsión y narcotráfico”.

Una maestra de una escuela en el municipio Jesús Enrique Lossada, en Zulia, reportó a nuestros activistas que la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas conlleva a los jóvenes a ser presa fácil de los irregulares: “Es preocupante ver la gran cantidad de niños que debido a la falta de orientación en el hogar y a la crisis económica en Venezuela los lleva a cometer delitos en nuestro país”.

En Apure, Lelis Soanara, representante de la Federación Venezolana de Maestros, seccional Páez, denunció que en comunidades como El Nula, El Ripial, Arauquita, Elorza, La Victoria y
Guasdualito, entre otras, hay una alta deserción escolar sobre todo de adolescentes que cambian las aulas por actividades relacionadas con el contrabando controlado por grupos armados y bandas delincuenciales.  Similar situación se presenta en escuelas rurales de Las Dantas, en el municipio Bolívar; Bramón, Río Chiquito, Pata de Gallina y San Vicente de la Revancha en el municipio Junín, y Delicias, en el municipio Rafael Urdaneta, del estado Táchira, donde FundaRedes ha documentado la presencia de organizaciones guerrilleras que controlan las actividades diarias de estas comunidades. Allí habitantes que han solicitado la reserva de su identidad por temor a represalias, pero cuyos testimonios han sido registrados por nuestra organización, confirman que jóvenes en edad escolar son incorporados a actividades ilícitas e incluso son captados no sólo para ofrecer servicios, sino como miembros de los grupos armados.

Cifras publicadas en el informe anual de FundaRedes 2018 dan cuenta de que 75% de los alumnos que dejan sus estudios en los estados fronterizos de Venezuela son reclutados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) o grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Cálculos conservadores de nuestra organización apuntan a que hasta 2018 más de 15.000 venezolanos, muchos de ellos en edad escolar, trabajan directa o indirectamente para grupos armados en las zonas de frontera. Los estados donde hay mayor cantidad de niños y adolescentes expuestos a esta vulneración son Zulia, Bolívar y Táchira, en este último es común ver cantidad

de jóvenes trabajando como caleteros o carretilleros bien sea a través de pasos formales o ilegales (trochas). “Los grupos irregulares les pagan un millón de pesos mensuales por mover sus mercancías”, de acuerdo con información del diputado Franklin Duarte, jefe de la Comisión
Permanente de Familia.

Desde 2013 FundaRedes ha presentado denuncias formales sobre estas situaciones en las entidades afectadas, tanto ante la Fiscalía del Ministerio Público, el Consejo del Niño, Niña y Adolescente, la Defensoría del Pueblo, la más reciente el 20 de noviembre de 2019 ante la Defensora Adjunta de la Delegación Táchira, Celeste Buitrago, sin que hasta el momento se haya evidenciado ningún tipo de actuación por parte de estos organismos para evitar la presencia y actuación de organizaciones irregulares armadas en poblaciones venezolanas.

En este último año, se ha sumado un elemento que agrava los hechos, pues de acuerdo con pruebas obtenidas por FundaRedes en Ureña, estado Táchira, autoridades educativas regionales han promovido la presencia y permanencia de hombres armados dentro de las instituciones que, en algunos casos, han sido utilizadas como centros de entrenamiento para prácticas de tiro y otras actividades de tipo paramilitar. Estos hechos fueron documentados y denunciados por nuestra organización ante las comisiones de Frontera, Educación, Familia y Seguridad de la Asamblea Nacional donde FundaRedes obtuvo un derecho de palabra el 25 de septiembre de 2019 para exponer la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes venezolanos.

La captación de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas para ser incorporados a las redes delincuenciales constituye una flagrante violación a la garantía de gozar de una protección especial e integral que los reconozca como sujetos de derecho, así como a los compromisos adquiridos por los Estados parte de la Convención sobre los Derechos del Niño (suscrita y ratificada por Venezuela), pues el Estado venezolano ha sido notificado de la situación en la frontera, se le ha pedido que emprenda acciones que impidan que los grupos armados irregulares sigan ingresando a las escuelas, se la he recordado la obligación de prevenir la amenaza o vulneración de los derechos de los cuales niños, niñas y adolescentes son titulares; sin embargo, no ha ordenado ninguna política pública que promueva su protección para contrarrestar las actuaciones de los grupos irregulares en el lado venezolano de la frontera.

La Constitución de Venezuela establece: “Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales
respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. (artículo 78).

Es oportuno mencionar que en Venezuela se promulgó la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y La captación de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas para ser incorporados a las redes delincuenciales constituye una flagrante violación a la garantía de gozar de una protección especial e integral que los reconozca como sujetos de derecho Adolescentes (LOPNA), la cual es el instrumento bajo el cual los Consejos y Circuitos de Protección a nivel nacional de oficio pueden actuar para proteger la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, persisten las violaciones, tanto por parte de los grupos armados irregulares como del propio Estado venezolano.

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