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Estudiar en Venezuela se ha convertido en una tarea de persistencia y además de supervivencia, y más aún para los niños y jóvenes en edad escolar que habitan en las comunidades rurales en la frontera con Colombia. Los estudiantes que asisten a clases en estas poblaciones deben, además de padecer el progresivo deterioro de las condiciones para continuar sus estudios,
sortear los riesgos que implica compartir las instalaciones educativas con grupos armados
irregulares que toman estos espacios para desarrollar sus operaciones tácticas y para establecer allí centros de comando para el control de actividades ilícitas.

En el primer trimestre de 2019 varias unidades educativas ubicadas en Ureña, Delicias y San
Antonio del Táchira (lado venezolano) fueron ocupadas por miembros del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Uno de los casos más documentados por FundaRedes, con fotos y videos, fue el de la Escuela
de Tienditas, en el municipio Pedro María Ureña, ubicada a pocos metros de un puesto de control de la Guardia Nacional Bolivariana, donde guerrilleros se asentaron y ordenaron desalojar a los militares. Un agravante en este caso es que el centro educativo continúa realizando sus actividades educativas como de costumbre, compartiendo espacio ocasionalmente con los irregulares armados.

Así fue el caso también de la Escuela
República de Cuba, ubicada en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, cuya toma por parte del Colectivo de Seguridad Fronteriza (grupo integrado por miembros del ELN y disidencias de las FARC) ocurrió en febrero de 2019 durante los sucesos vinculados al ingreso
de la ayuda humanitaria a Venezuela.
Sobre este caso, FundaRedes documentó un audio grabado por la directora del plantel, divulgado por ella, quien aseguraba que en ese momento en la institución se albergaban grupos dispuestos a atacar y a “recibir con enfrentamientos” a quienes intentaran

desalojarlos. Afirmaba que en la escuela estaban pernoctando estos grupos con anuencia de las
autoridades de la Zona Educativa Táchira, que también se encontraban en el lugar.

En febrero de 2019 la Escuela Vuelvan Caras en San Fernando de Apure fue utilizada como campo de prácticas militares por 17 hombres y mujeres miembros de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) de la guerrilla de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) —una agrupación perteneciente al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)—, adiestrada por el ELN, quienes se retrataron portando armas tipo FAL dentro de las instalaciones durante una actividad que denominaron “ejercicio castrense”. La denuncia fue dada a conocer por el periodista Miguel Cardoza, quien publicó fotos en las cuales aparece claramente identificado el constituyentista Héctor Orlando Zambrano. El hecho fue reseñado en diversos medios de comunicación.

Asimismo, la escuela primaria bolivariana María Teresa del Toro, ubicada en el sector La Gabarra, municipio Páez (Guasdualito) del estado Apure, ha sido utilizada para el adiestramiento y encuentros del FBL en conjunto con el ELN y las disidencias de las FARC, de acuerdo con docentes y lugareños, que además han testificado a activistas de Fundaredes que desde hace décadas Guasdualito es controlado por irregulares armados que usan la zona para el contrabando, narcotráfico, extorsión y control de pasos pese a que a 10 kilómetros de distancia hay un puesto militar venezolano. Afirman que allí están presentes miembros del FBL, ELN y las FARC que en el pasado sostuvieron disputas por el territorio y el control de zonas estratégicas para sus operaciones, pero actualmente “conviven” tras llegar a acuerdos en la repartición de las zonas para actuar en sociedad, incluso con las Fuerzas Armadas que tienen conocimiento de esta situación.

Esta situación pone en riesgo la seguridad, tranquilidad y la vida de los residentes de estas
poblaciones. Dos activistas de Fundaredes fueron víctimas de esta presencia armada mixta en
enero y febrero de 2019; además hemos documentado 14 homicidios a manos de estos grupos y 4 enfrentamientos armados en otros municipios del estado Apure en lo que va de 2019.
Entre abril de 2018 y agosto de 2019 FundaRedes denunció ante el Ministerio de Educación, la
Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) que en la frontera con Colombia hombres armados pertenecientes al Ejército de

Liberación Nacional y la disidencia de las FARC ingresan a las escuelas venezolanas para cautivar estudiantes para luego reclutarlos. Esas denuncias están respaldadas con evidencias recabadas por nuestros activistas desde el año 2013 y resguardadas para protección de las víctimas. En ellas se aprecia cómo los guerrilleros acceden a las áreas donde los alumnos desarrollan sus actividades deportivas de las escuelas Novilleros, La Línea, Las Dantas, Buena Vista, Alto Grande, en el estado Táchira; así como también en las escuelas Ciudad Sucre, Brisas del Cutufí, El 8, en el estado Apure; y en las unidades educativas Encontrados y Casigua El Cubo, del estado Zulia.

Desde que Fundaredes realizó las primeras denuncias sobre la acción guerrillera en territorio
venezolano en 2004 las operaciones de estos grupos armados irregulares se han incrementado y también son más agresivas y con mayor penetración, aprovechando la inacción del Estado
venezolano para detener estos hechos. Eso compromete el derecho a la vida, a una vida libre de
violencia, a la libre circulación, a la educación, violenta lo establecido en la Ley Orgánica de
Protección para el Niño, Niña y Adolescente en su artículo 4 que expresa: “El Estado tiene la
obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de
cualquier otra índole que sean necesarias para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías”; y en su artículo 63, parágrafo primero cuando señala que: “El Estado debe garantizar campañas permanentes dirigidas a disuadir la utilización de juguetes y de juegos bélicos o violentos”.

Pero, además, la presencia de estos grupos en las instituciones educativas venezolanas contraviene el espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y vulnera los artículos
102 y 103 de la Constitución Bolivariana de Venezuela referentes al derecho a la educación y la
obligación del Estado en brindar las condiciones necesarias para el disfrute de este derecho con
calidad y sin limitaciones.

Sin embargo, la educación en Venezuela está en terapia intensiva, lo cual es un escenario fértil
para la actuación de grupos armados irregulares que han trastocado la dinámica social en la
frontera.

 


Vídeo del boletín 014