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La crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela ha causado en los últimos años un importante éxodo de venezolanos, la mayoría huye del país a través de la frontera terrestre entre Colombia y Venezuela. Las restricciones migratorias impuestas por Colombia a partir de la eliminación, en febrero de 2018, de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza que permitía a los venezolanos ingresar legalmente al territorio fronterizo colombiano, así como la red de corrupción y burocracia que rodea el otorgamiento de pasaportes en Venezuela hace que muchas personas que emigran encuentren como una opción para dejar el país los pasos ilegales, conocidos como trochas, que permean la frontera entre ambas naciones y se contabilizan por cientos a lo largo de 2.219 kilómetros de franja limítrofe.

Tal situación hace que los migrantes estén en una situación de mayor vulnerabilidad al formar parte de las cifras oscuras del movimiento migratorio venezolano por la ilegalidad de su tránsito entre uno y otro país. Esto, pese a que en julio de 2018 los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas lograron el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que busca proteger el paso de los migrantes por las fronteras internacionales y con lo cual, entre otras cosas, asumen compromisos para aumentar las vías para la migración legal, y que los comités sobre la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, y de los Derechos del Niño han recordado a los países en tránsito su obligación de hacer respetar los derechos y la seguridad de los migrantes venezolanos.

En el transcurso de 2018, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expertos del sistema de la ONU han expresado su preocupación ante prácticas que dificultan el tránsito de migrantes venezolanos que han sido observadas en los últimos meses en la región, que van desde la solicitud de pasaportes, certificados, apostillas, visas u otros documentos oficiales para la entrada a sus territorios, lo que empuja a las personas a buscar alternativas riesgosas para abandonar el país

a fin de escapar de la crisis. Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) emitió en marzo de 2018 una “Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos” en la que insta a los Estados receptores y/o a los que ya acogen a los venezolanos a que les permitan el acceso a su territorio y a que continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección y basadas en las buenas prácticas existentes en la región”

El hecho –comprobado y reconocido por las autoridades tanto de Colombia como de Venezuela– de que los pasos ilegales fronterizos están controlados en su totalidad por grupos irregulares, bandas criminales y células guerrilleras, ha convertido a los migrantes indocumentados en presa fácil de estas agrupaciones. De acuerdo con estudios de organizaciones, en su mayoría las víctimas de ese reclutamiento forzoso son asignadas a trabajos de cultivo de drogas y contrabando.

En un informe de noviembre de 2018, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señalaron que la cifra de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo ha alcanzado los tres millones, de los cuales Colombia alberga el mayor número, con más de un millón. Le siguen Perú, con más de medio millón, y Ecuador con más de 220.000. Argentina acoge a 130.000 migrantes venezolanos, Chile a más de 100.000 y Brasil a 85.000. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos las personas migrantes representan 3,2% de la población mundial, por lo que resulta urgente reconocer la protección internacional que estas personas merecen al ser vulnerables.

De acuerdo con las Fuerzas Armadas colombianas, así como organizaciones no gubernamentales de ese país entre las que destacan las fundaciones Paz y Reconciliación (Pares), y Progresar, las cuales realizan actividades en la zona fronteriza entre ambos países, entre 8 y 12 grupos armados se disputan la presencia y el control de esos territorios, lo que requiere un pie de fuerza importante que ha encontrado en los migrantes venezolanos una fuente de nuevos reclutas, muchos de ellos tentados con ofertas económicas y otros captados a la fuerza. De hecho, se calcula que entre 60% y 70% de los integrantes de grupos paramilitares como Los Rastrojos son venezolanos de entre 16 y 25 años de edad que han sido reclutados a cambio del pago de hasta un millón de pesos, lo cual es una fortuna para los venezolanos que viven tiempos de hiperinflación, pues esa cifra

supera los 40 salarios mínimos en Venezuela (al tipo de cambio a mediados de diciembre de 2018). Investigaciones realizadas por Fundaredes, así como
entrevistas a víctimas e informaciones oficiales del gobierno  colombiano han permitido constatar que grupos irregulares armados que delinquen en los departamentos limítrofes de Colombia, como los
son el Frente Domingo Laín Sáenz del ELN y el disidente Grupo Armado Organizado (GAO) con las subestructuras de los Frentes 1 y 28 (antiguamente de las FARC), se han dedicado a reclutar de manera forzosa a migrantes que huyen a pie de la crisis en Venezuela a través de la frontera.

Una mujer que en julio de 2018 cruzó la frontera hacia el lado colombiano en compañía de algunos familiares relató a Fundaredes lo siguiente: “Un hombre que nos ofreció ayudarnos a acortar el camino en el transcurso empieza a hablarnos de cuestiones de guerrilla, fuerzas armadas y esas cosas, no le quisimos poner cuidado porque nos parecía cosa de locos, luego al caer la noche nos cambiaron la mula en la que íbamos a otro transporte, llevaban urea y ácido sulfúrico, y nosotros pensamos que lo que querían era reclutarnos para la cuestión de la guerrilla y los grupos armados”. Para escapar de la situación, esta mujer relató que tuvieron que lanzarse del vehículo en movimiento, poniendo sus vidas en riesgo.

Un hombre que también vivió una angustiante situación similar de la cual logró escapar indicó a los activistas de nuestra fundación: “Vimos que el camino lo estaban desviando y estaba todo oscuro, como pudimos los muchachos dijeron ‘vámonos, esto no nos parece bien’, corrimos, nos aporreamos y, bueno, gracias a Dios estamos bien, no sabemos ni siquiera para dónde nos llevaban, pero de seguro nos pensaban era reclutar”. Hasta noviembre de 2018, Fundaredes tenía documentados 200 casos de personas que denunciaron haber sido víctimas de estos grupos durante los pasos por las trochas.

Frente a estos hechos, Fundaredes interpuso 
una denuncia ante la Fiscalía de la Nación de
Colombia en el Norte de Santander el 28 de septiembre de 2018. En su exposición de motivos se solicita que el Estado colombiano investigue esta situación y ofrezca protección a los miles de venezolanos que caminan por las carreteras de Colombia huyendo de la profunda crisis social y económica, y que tratan de llegar a alguna ciudad de Colombia o a otro país de Suramérica pero que por sus precarias condiciones económicas se convierten en presa fácil de grupos irregulares.

Fundaredes insiste en que esta situación se suma al denunciado reclutamiento permanente de niños y jóvenes venezolanos para trabajos indirectos con los grupos irregulares, así como esta ONG estima que más de 15.000 venezolanos hacen tareas ilegales para estas organizaciones, muchos de ellos en edad escolar, en la extensión de más de 2.200 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela, donde las FARC, el ELN, el FBL y el EPL actúan a sus anchas y captan ciudadanos para incorporarlos a sus filas a fin de que participen en actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el terrorismo en general.

Sobre este hecho Fundaredes ha obtenido el testimonio de víctimas de reclutamiento en su trabajo de investigación, documentación y seguimiento que adelanta la fundación sobre la incursión de la guerrilla colombiana en Venezuela. Esta labor ha permitido que las víctimas acudan a nuestros activistas con la confianza de que sus identidades serán resguardadas y de que se presentarán las denuncias a las instancias que corresponda. 

En sus declaraciones, estas personas aseguran que los reclutadores se mueven de noche en áreas poco transitadas, por caminos rurales entre la vegetación y transportando en animales de carga sustancias utilizadas para el procesamiento
de estupefacientes, lo que les permite trasladarse de manera sigilosa, evadiendo la vigilancia de las autoridades.

Para Fundaredes resulta imperativo que las autoridades de Colombia y Venezuela pongan un freno a la multiplicidad de factores que llevan a los migrantes a convertirse en blanco de acciones de reclutamiento, amedrentamiento y amenazas por parte de estas organizaciones irregulares armadas; así como emprender operaciones de contención efectiva a las actividades que desarrollan estas organizaciones irregulares que están afectando a personas en situación de vulnerabilidad violando sus derechos humanos. Además consideramos necesario ofrecer apoyo y protección a la Federación Internacional de Derechos Humanos.