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La distribución de alimentos en zonas donde por pobreza o escasez no hay los suficientes recursos para atender la demanda de las personas se ha convertido en el caso venezolano en una acción de control político a partir de la necesidad humana. La Fundación Redes (FundaRedes) ha constatado mediante entrevistas a habitantes de municipios venezolanos en frontera con Colombia que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla colombiana con amplia presencia en Venezuela, participa en la distribución de cajas de comida del programa social del gobierno venezolano.
Esta situación se registra en diversas localidades de los estados fronterizos con Colombia y forma parte de las acciones emprendidas por esta guerrilla para afianzar su presencia en Venezuela y fortalecer sus nexos con la administración de Nicolás Maduro. Además, esto ocurre en un momento clave tanto para el futuro de ese grupo armado como para las dinámicas criminales en la zona a raíz de la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela.

 

En entrevista con activistas de nuestra organización, una persona que recibe estos alimentos y pidió resguardo de su identidad, explicó: “Como mujer soltera me toca buscar ese apoyo de alimentación para darle de comer a mis hijos por la crisis que estamos viviendo, pero vemos con preocupación que desde hace unos meses la guerrilla colombiana del ELN es la que está distribuyendo las cajas de comida en la frontera, y casi obligando a escuchar la emisora de radio de ellos. La entrega la hacen dos veces al mes o cada 22 días, llegan en carros del gobierno de Venezuela, a uno no le parece que sea lo correcto porque debería ser el gobierno el que esté repartiendo esos alimentos, pero uno lo acepta por necesidad”.
Aunque las cajas de comida de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) son de distribución exclusiva del gobierno bolivariano como parte del sistema de venta de alimentos básicos a la población venezolana, la guerrilla del ELN, la segunda más importante de Colombia, también tiene control de ese reparto en aproximadamente 40 municipios de los estados

 

venezolanos Apure, Zulia, Táchira, Bolívar y Amazonas, en una especie de “labor conjunta” de los irregulares con la estructura gubernamental. Esta situación ocurre a plena luz del día sin que las Fuerzas Armadas impidan el desplazamiento de estos hombres fuertemente armados de manera irregular en el territorio nacional.

De esta manera, el gobierno de Nicolás Maduro ha permitido que el ELN reparta las cajas CLAP en los municipios fronterizos Cárdenas, Córdoba, Fernández Feo, García de Hevia, Independencia, Junín, Libertador, Panamericano, Pedro María de Ureña, Rafael Urdaneta, Samuel Darío Maldonado, Simón Rodríguez, Sucre, Torbes, así como en zonas rurales de San Cristóbal (Táchira); Río Negro, Maroa, Atabapo, Atures y Autana (Amazonas); Angostura, Caroní, El Callao, Sifontes y Sucre (Bolívar); San Fernando, Páez, Pedro Camejo y Rómulo Gallego (Apure); y Cabimas, Catatumbo, Colón, Guajira, Jesús María Semprún, Lagunillas y Machiques de Perijá (Zulia).

Queda a criterio de la guerrilla quién recibe el beneficio social. La entrega de los alimentos se hace en cajas con propaganda del Frente Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN. Además, hace promoción de su emisora Antorcha Estéreo, una de las cinco estaciones radiales pertenecientes al ELN que transmiten todos los días desde territorio venezolano pese a las reiteradas denuncias que sobre este hecho FundaRedes ha realizado ante diversas instancias gubernamentales.

La presencia del ELN en Venezuela no es algo nuevo. Desde hace varios años esta organización armada ha llevado a cabo actividades criminales en Venezuela y utilizado el país como un refugio al sentirse cercada por las autoridades colombianas. Incluso, lugareños han señalado en entrevistas con FundaRedes que supuestamente algunos de líderes de esa guerrilla viven en Venezuela; otros tienen fuerte presencia en estados fronterizos como Apure, Zulia, Bolívar, Amazonas y Táchira.
La distribución de alimentos por parte de la guerrilla colombiana ocurre en un momento en que la situación en la frontera es cada vez más compleja debido a la crisis hiperinflacionaria y a las severas fallas en los sistemas de salud y seguridad, así como el colapso en los servicios públicos en Venezuela, lo que hace que los pobladores de estas zonas sean cada vez más vulnerables, de allí que estos grupos manipulan sus necesidades. Por su parte, el ELN busca seguir usando el territorio venezolano para sus operaciones y fortalecer su posición luego de los fallidos diálogos de paz con el gobierno de Colombia.

Venezuela vive hoy un contexto opresivo sin capacidad para garantizar el acceso a los
alimentos a la población. Para FundaRedes causa preocupación la entrega de los alimentos del programa gubernamental CLAP de manos de la guerrilla colombiana y más aún por medio del Carnet de la Patria, otro instrumento de control político y discriminación a la población. Los beneficiarios del programa social con quienes nuestra organización se ha entrevistado aseguran que la caja la reciben cada cinco o seis meses. En ciertos lugares la guerrilla decide a quién entregan estos alimentos y, adicionalmente, utiliza ese programa social gubernamental como vehículo para distribuir su propaganda, pues adentro de las cajas introducen panfletos con un comunicado en el que se lee:

“El bloque del ELN Carlos Germán Velasco Villamizar, siempre junto al pueblo, sembrando sueños y esperanzas en una vida mejor, comparte el amor para el legado del comandante Chávez”.

Desde 2017 FundaRedes ha denunciado esta distribución irregular ante instancias regionales y nacionales de Venezuela, como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, pero hasta ahora no se ha obtenido respuesta ni se han emprendido acciones para impedir que esta injerencia continúe. Este hecho irregular es violatorio no sólo del derecho a la alimentación, sino también de los derechos a la paz y a la seguridad personal de quienes residen en estos territorios fronterizos.
Además, vulnera los enunciados establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como tratados y convenciones internacionales en materia de niñez y familia, y contraviene la Constitución venezolana, la cual establece que el Estado debe garantizar una agricultura sustentable y promover la seguridad alimentaria a la población venezolana