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La Fundación Redes ha denunciado de manera reiterada que organizaciones armadas irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) estarían ofreciendo incentivos a menores de edad venezolanos para que se unan a sus filas.

En un trabajo de campo realizado por la Fundación Redes se conoció por testimonios de lugareños que niños de los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas e incluso de otros no fronterizos como Barinas, Mérida y Falcón son reclutados por estas organizaciones, vulnerando con esto la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 3, 4, 5, 6, 9 y 13, referidos al derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad persona, a la libre circulación y a que nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. También viola la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y Adolescente en sus artículos 16 y 17, al igual que la Constitución venezolana.

Aprovechando la crisis económica que se vive en Venezuela, los grupos armados que operan en la frontera venezolana bajo la figura de bandas delincuenciales, paramilitares o guerrilla ofrecen cantidades atractivas de dinero a niños y adolescentes para que se involucren de manera directa indirecta en las actividades criminales que perpetran estas organizaciones. Ante la disparidad cambiaria cada vez mayor entre el peso colombiano y el bolívar la remuneración que dan estos grupos irregulares armados representa incluso más de un año de salario para una familia en Venezuela, suma difícil de rechazar por ello en la actualidad al menos 70% de quienes integran estos grupos en territorio venezolano son jóvenes venezolanos de edades comprendidas entre los 15 y los 25 años de edad.

Entre mayo y julio de 2018 FundaRedes realizó un estudio sobre la situación de la educación en Venezuela en el cual emergieron resultados muy elevados de inasistencia, abandono y deserción escolar en los estados fronterizos con Colombia en comparación con la media nacional. En el caso de la deserción alcanza un promedio superior a 82%, con mayor énfasis en educación media, pues los estudiantes que cursan esta etapa de la escolaridad tienen las edades buscadas por estos grupos armados irregulares. En sondeo también arrojó que más de 75% de los niños y adolescentes que abandonaron las aulas en la frontera tienen vinculación directa o indirecta con organizaciones irregulares colombianas. Actualmente, en la frontera colombo-venezolana operan por lo menos de 12 organizaciones criminales, según cifras de la ONG Fundación Progresar, establecida en el departamento Norte de Santander de Colombia.

Aunque muchos jóvenes ingresan por decisión propia  a las filas de la guerrilla o de las bandas criminales buscando mejoras económicas para su familia, otros son forzados a hacerlo al ser víctimas de secuestro. Esta situación representa una tragedia para cientos de familias venezolanas que desconocen el paradero de sus hijos, mientras otras son objeto de extorsión por parte de los grupos armados

 

Es el caso de Luis Rosales, comerciante tachirense padre del venezolano Carlos Eduardo Rosales García, cautivo del ELN desde el 6 de julio de 2002 tras ser plagiado en San Juan de Colón, municipio Ayacucho del estado Táchira. Luego de negociar con los guerrilleros, Rosales canceló medio millón de bolívares, pero lejos de entregarlo los captores cesaron todo tipo de comunicación con la familia.

“Ya cumplí con un pago y dieciséis años de pena. Me dicen que está vivo y que lo tienen en Barinas. Allí le dicen ‘el Peludo’, él forma parte de la organización guerrillera”, dijo Rosales, quien ha emprendido una exhaustiva investigación para tratar de dar con el paradero de su hijo ante la falta de respuesta de los organismos oficiales. Esta indagación le llevó a entrevistarse en la cárcel de Santa Ana (Táchira) con un comandante guerrillero apodado César, quien le aseguró que su hijo se identificaba como “el hijo del bombero de Colón”. Rosales García es uno de los 115 venezolanos que estarían en poder de algún grupo irregular colombiano, de acuerdo con datos aportados por Porfirio Dávila, presidente de la Asociación Venezuela Libre de Secuestros, creada en 2006 para generar conciencia sobre la gravedad de ese delito en los estados fronterizos con Colombia.

Otro caso emblemático es el de María José Contreras Molina, plagiada por miembros del Ejército Popular de Liberación en junio de 2008 cuando tenía 15 años de edad. Posteriormente, los captores “vendieron” a la joven cuando tenía 18 años a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), supuestamente para que sirviera como enfermera. En su momento, María José fue secuestrada junto a su madre, Carmen Molina, quien fue liberada mientras que la adolescente ha permanecido durante diez años en poder de las Farc. La joven, según pesquisas efectuadas por sus familiares, estuvo en un campamento guerrillero en el piedemonte de Perijá, en territorio.

venezolano. Aseguran que no han recibido respuesta de las autoridades venezolanas pese a las denuncias y exigencias hechas por ellos ante varias instancias del gobierno. La mamá de la joven señala: “Lo que siempre digo: no fue su decisión. Decidieron por ella, ella no decidió irse con la guerrilla. Siempre decían que era de las FARC, del frente 33. En la montaña duramos tres meses juntas y luego de eso bajo engaño nos separaron, en imágenes aparece con uniforme de las FARC en Venezuela, es probable que esté haciendo alguna labor, espero que no sea ninguna labor mala”, precisó.

         Clic en la imagen para ver el vídeo

Por otra parte, el representante del Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos, Oscar Pineda, afirmó que los guerrilleros colombianos tendrían por lo menos a cinco rehenes que residían en Barinas cuando fueron secuestrados. En dos de los casos las víctimas habrían sido blanco de “reclutamiento forzado”. Refirió el nombre de Wilfredo Valero Díaz, de 23 años de edad, quien desapareció en abril de 2009 y quedó retratado en el segundo plano de la foto de una cuadrilla de las Farc divulgada por medios colombianos. El rostro del joven fue reconocido por su madre.

Las autoridades colombianas son conscientes del permanente reclutamiento de menores venezolanos por organizaciones armadas en la zona de frontera. El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, detalló que disidentes de las FARC continúan secuestrando menores de edad en el país. Por denuncias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se ha conocido de casos en los que fracciones disidentes de esa guerrilla siguen reclutando a menores en sus filas, lo cual se convierte en un desafío para la etapa del posconflicto en Colombia. También el representante de la Unicef en Colombia, el estadounidense Paul Martin, denunció esta situación.

 

Recientemente, Freddy Bernal, designado como “protector del estado Táchira”, reconoció la presencia de más de 300 hombres armados que actúan como parte de bandas criminales o grupos paramilitares en la zona norte del estado Táchira. Mientras que el ex gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, denunció ante la Asamblea Nacional la existencia de más de 4.000 guerrilleros de las Farc y el ELN en territorio venezolano, señalamientos que aún no han sido confirmados por las autoridades. De acuerdo con Guarulla, “estos irregulares entraron al país con el consentimiento del gobierno nacional y están incursos en contrabando, extorsión, minería ilegal o sicariato, un peligro constante para la seguridad de la gente”. Asimismo refirió durante una entrevista en septiembre de 2017 en el portal contrapunto.com que “en los tres últimos años han sido asesinadas más de 600 personas en Puerto Ayacucho a manos de estas organizaciones irregulares que buscan aumentar su control sobre el territorio.

 

 

 

Estamos hablando de cinco o seis personas por cada mil habitantes. Es como exterminar a la juventud… Estamos hablando de más de mil mineros reclutados por la guerrilla que avanza en la destrucción de hectáreas por explotación minera, además de la contaminación de ríos por el mercurio que a su vez causa mortandad de peces”. Amazonas, está ubicado en el extremo sur de Venezuela, en la frontera con Colombia, y ha sido usado por largo tiempo como refugio y zona de retirada tanto por las recién desmovilizadas Farc, como por sus primos guerrilleros del ELN.

Venezuela ha sido escenario de operaciones para las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) desde hace décadas, pero la importancia del país para el grupo creció exponencialmente desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 y después de que la guerrilla perdiera su refugio concedido por el gobierno colombiano en 2002. Eso coincidió con el aumento de la presión de paramilitares y la administración de Álvaro Uribe en Colombia (2002-2010), lo que convirtió a Venezuela en un área para la retaguardia de los guerrilleros, para lo cual han requerido mayor número de hombres y mujeres militantes que reclutan o capturan a la fuerza en territorio venezolano.

 

Ante el reclutamiento de niños y jóvenes por parte de grupos irregulares colombianos en Venezuela, Fundación Redes ha interpuesto denuncias formales en diversas instancias como el Sistema de Protección de Niños Niñas y Adolescentes, Defensoría del Pueblo regional y nacional, Fiscalía General de la República y el Ministerio de Educación, que no han atendido la situación, por ello hemos recurrido ante el cuerpo diplomático de Colombia en Venezuela, OEA, Unicef Venezuela y la Fiscalía General de Colombia, esta última instancia actualmente adelanta investigaciones formales al respecto.

Debido a este hecho que pone en riesgo la vida de niños y adolescentes, vulnera su derecho a la educación y a crecer junto a su familia en un ambiente de armonía y seguridad, Fundaredes exhorta a la Defensoría del Pueblo, así como a los  organismos de seguridad y al sistema de justicia venezolanos a que se ocupen de esta situación y frenen la acción de los grupos armados irregulares en los estados fronterizos con Colombia. El bienestar de los niños y jóvenes garantizará el futuro
de la nación y es por ello que es deber del Estado velar por su protección.