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Los venezolanos que residen en poblaciones fronterizas con Colombia están sometidos a una guerra sin cuartel que se ha desatado en la margen del río Táchira, protagonizada por las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de liberación (EPL), la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la recién surgida Organización Paramilitar Fronteriza (OPF), grupos paramilitares conocidos como “Rastrojos” y “Urabeños” y “Águilas Negras”, así como por bandas criminales que sostienen constantes enfrentamientos para intentar imponer su supremacía por el control de los territorios de frontera, en muchos casos con la anuencia o incluso acompañamiento de militares venezolanos, según han determinado investigaciones judiciales y relatos de testigos.

El drama humano que vivió Colombia por casi 60 años por la acción de grupos guerrilleros y paramilitares ahora es sufrido por los venezolanos que residen en la zona limítrofe. Dos recientes ataques en los estados Zulia y Táchira son expresión de esta cruenta situación que deja en mayor estado de vulnerabilidad a la población fronteriza. En el primero, ocurrido el 7 de junio de 2018, un docente y un guerrillero murieron en un enfrentamiento armado entre el ELN y paramilitares en la población de Encontrados, municipio Catatumbo. Los heridos, cuya cifra se desconoce por el hermetismo oficial, fueron trasladados al ambulatorio de la zona que fue tomado por las fuerzas militares venezolanas para impedir el acceso a la prensa.

En el segundo caso, suscitado en Táchira, tres hombres fueron atacados a tiros hasta causarles la muerte en una trocha (paso ilegal) conocida como “La Mona”, del lado colombiano de la frontera entre Táchira (Venezuela) y Norte de Santander (Colombia). Testigos relatan que las víctimas se dedicaban al tráfico ilegal de combustible y estaban acompañadas por más de diez personas a unos metros de distancia del lugar donde fueron ultimados, pero en territorio venezolano, cuando fueron interceptados por hombres armados quienes trasladaron a todos al lado colombiano. Allí apartaron a los tres contrabandistas y les dispararon frente al resto del grupo, al cual obligaron a llevar los cuerpos de vuelta al lado venezolano de la frontera.

En el segundo caso, suscitado en Táchira, tres hombres fueron atacados a tiros hasta causarles la muerte en una trocha (paso legal) conocida como “La Mona”, del lado colombiano de la frontera entre Táchira (Venezuela) y Norte de Santander (Colombia). Testigos delatan que las víctimas se dedicaban al tráfico ilegal de combustible y estaban acompañadas por más de diez personas a unos metros de distancia del lugar donde fueron ultimados, pero en territorio venezolano, cuando fueron interceptados por hombres armados quienes trasladaron a todos al lado colombiano. Allí apartaron a los tres contrabandistas y les dispararon frente al resto del grupo, al cual obligaron a llevar los cuerpos de vuelta al lado venezolano de la frontera. Estos enfrentamientos son constantes por el control de cientos de trochas en los municipios de Táchira que limitan con Colombia, con mayor énfasis en Delicias, San Antonio y Ureña, donde los pobladores presencian estos ataques de miembros de grupos irregulares.

 

Para que una situación sea considerada conflicto armado, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, deben existir grupos con una organización que les permita realizar operaciones militares hostiles, con capacidad de mantener las operaciones prolongadas en el tiempo, que haya enfrentamientos de tipo militar entre las fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados organizados o entre esas agrupaciones; además, que ocurran dentro del territorio de un Estado. Todas esas condiciones están presentes en la frontera colombo-venezolana. Pero además se puede afirmar que allí existe un conflicto armado de mediana intensidad, clasificación establecida por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que también lo denomina “guerra de guerrillas”, en la que participan guerrillas y grupos paramilitares armados que controlan ciertas regiones de difícil acceso y en ocasiones actúan con apoyo del ejército de un Estado, según esta denominación los crímenes son cada vez más violentos. En el caso de los grupos irregulares armados en la zona limítrofe colombo-venezolana esta situación se ve reflejada en acciones militares y operaciones hostiles e ilegales que mantienen permanentemente activo el conflicto y ha dado como resultado un aumento drástico de secuestros, desapariciones y asesinatos, bien sea por encargo (sicariatos) o durante enfrentamientos armados que muchas veces tienen como escenario las comunidades donde el derecho a la vida, consagrado en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, no parece tener ningún valor.

El conflicto armado entre grupos guerrilleros y paramilitares, al que se suman bandas criminales, se extiende a lo largo de los 2.219 kilómetros de franja fronteriza entre Colombia y Venezuela, afecta a los habitantes poblaciones limítrofes desde el estado Zulia (en el occidente del país) hasta Amazonas y Bolívar (en el sur), donde constantemente son reportados enfrentamientos. Entre 2014 y 2016 reportes de prensa reseñaron al menos 90 personas muertas en estos enfrentamientos armados. El 19 de agosto de 2015 un tiroteo en la frontera de Táchira causó la muerte a un civil y heridas a tres soldados venezolanos, lo que motivó que el gobierno venezolano ordenara el cierre “temporal” de las cruces fronterizas entre San Antonio y Ureña (Venezuela) con Cúcuta (Colombia), medida que se mantiene con una apertura parcial hasta la actualidad.

La zona de mayor conflicto armado entre grupos irregulares está ubicada en los estados Táchira, Zulia y Bolívar, donde han ocurrido enfrentamientos que han dejado varios muertos, la mayoría hombres de entre 25 y 30 años de edad que han sido encontrados en zonas apartadas, pasos ilegales (trochas) o en las riberas de los ríos que separan los territorios de Colombia y Venezuela. Sin embargo, poco se refleja en los medios de comunicación locales o nacionales, pues los hechos son ocultados por las fuerzas militares y los habitantes evitan hablar por temor a represalias. A finales de 2017 se produjeron varios enfrentamientos armados en las márgenes del río Táchira, frontera natural entre Venezuela y Colombia, así como en las cercanías del Puente Internacional Simón Bolívar, principal paso peatonal entre ambas naciones. Estas situaciones ocurrieron a plena luz del día, poniendo en riesgo la vida de los transeúntes del principal paso para los venezolanos hacia Colombia en medio de la emergencia humanitaria se que vive en Venezuela.

Imágenes de tiroteo en el Puente Simón Bolívar, Edo. Táchira.

Imágenes de tiroteo en el Puente Simón Bolívar, Edo. Táchira.

Las consecuencias de esta situación se manifiestan de diversas  maneras en los habitantes de la zona, pues ante la ausencia del Estado venezolano estos grupos armados actúan prácticamente como un Estado paralelo que se sustenta en la intimidación y coacción, con lo que controlan la mayoría de las actividades rutinarias en estas poblaciones, principalmente las comerciales por las que cobran el impuesto comúnmente denominado “vacuna” tanto a productores agropecuarios y grandes empresarios como a los pequeños generadores de actividad comercial como taxistas, mototaxistas y vendedores ambulantes; además de fiscalizar el movimiento de ganado, dominar la entrega de las semillas para cultivar en municipios rurales con lo cual controlan la producción y gestionar la entrega de las cajas de comida CLAP a la población, para controlar la distribución de alimentos, entre otras.

Pero más allá de la actividad económica, los enfrentamientos constantes entre estas fuerzas subversivas en la frontera alteran severamente el día a día de las familias venezolanas que residen en estos poblados vulnerables al tener limitado el tránsito ante el riesgo de quedar atrapadas en medio de un tiroteo; incide en el ausentismo escolar por el temor de los padres a que al enviar a sus hijos a las escuelas sean alcanzados por la confrontación armada como le ocurrió a una maestra y sus alumnos en la población de Encontrados, municipio Catatumbo del estado Zulia durante un enfrentamiento entre el ELN y paramilitares; y disminuye la participación de feligreses en actividades eclesiásticas, pues estos grupos se han presentado en las iglesias para acosar a sacerdotes e incluso han escenificado tiroteos cerca de los templos. En el lado venezolano de la frontera con Colombia cada actividad social, incluso cualquier celebración familiar, puede terminar en muertos y heridos a manos de estos grupos armados. La zona es tierra de nadie donde se impone la anarquía que no solo vulnera los derechos humanos de los habitantes, sino que da la posibilidad a que cualquiera actúe contra la vida de las personas, como ocurre a quienes se niegan a ser extorsionados para realizar sus actividades, a quienes pagan a un grupo y no a otro; o a quienes retan las normas impuestas por guerrilleros y paramilitares que terminan siendo blanco de desapariciones, secuestros y asesinatos.

El Ejército venezolano anunció en marzo de 2018 la “Operación Relámpago Andino” en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña del
estado Táchira con la finalidad de “recuperar el control de la frontera”; sin embargo, luego de una primera incursión que dejó cinco fallecidos, un herido y una persona detenida nada se volvió a saber de este  procedimiento militar.

 

Un mes después; es decir, en abril de 2018, el gobierno colombiano envió un contingente de 2.000 policías y militares de refuerzo a la zona fronteriza con Venezuela, en la que enfrentamientos entre dos grupos armados habían provocado el desplazamiento de miles de habitantes, según reseñó la agencia de noticias AFP. Pero las autoridades venezolanas se negaron a declarar sobre el tema, e incluso ocultaron el hallazgo de varias fosas comunes y la proliferación de nacientes bandas criminales amparadas en métodos de la guerrilla, mientras tanto esos grupos del crimen organizado como la guerrilla seguían tomando el control de áreas urbanas de poblaciones fronterizas como San Antonio y Ureña, en Táchira; Encontrados, Casigua El Cubo, en Zulia; El Nula, Cutufí y Guasdualito, en Apure, donde en pleno día instalan alcabalas como si se tratase de una autoridad más del Estado.

Vecinos del sector de Pampanito, en el estado Zulia, notificaron en enero 2018 un enfrentamiento armado entre guerrilleros y paramilitares que se extendió por más de siete horas. Al día siguiente, una camioneta del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía venezolana de investigación) cruzó el pueblo de Encontrados (estado Zulia) cargando al menos ocho cadáveres. Relatos de testigos indican que eran paramilitares.

Desde enero de 2018 la Fundación Redes ha hecho seguimiento a las denuncias que respecto a estas actividades surgen en los estados fronterizos venezolanos mediante visitas en campo, conversaciones con pobladores y monitoreo de reseñas de prensa local. Este trabajo le ha permitido a la red de activistas de la organización constatar que desde inicios de año la guerrilla colombiana del ELN, con amplia presencia en territorio venezolano, ha desplegado agresivas acciones con movilización de tropas y ocupación de territorios que ha recrudecido la lucha armada entre grupos y ha obligado a desplazamientos.

Clic para ver el vídeo reverencial del boletín 

SURGIMIENTO DE NUEVAS ORGANIZACIONES
La anarquía en la frontera ante la inacción de las autoridades del gobierno de Venezuela ha fomentado el surgimiento de más organizaciones armadas. En mayo de 2018 desde el sector de La Parada, en Colombia, fueron difundidas amenazas contra el frente urbano Germán Velazco Villamizar del ELN que controla el sector de Llano Jorge, en la fronteriza población de San Antonio (Táchira, Venezuela). La autoría fue adjudicada a una organización de reciente aparición denominada “Organización Paramilitar Fronteriza” (OPF), cuyo líder en la zona se hace llamar “Comandante Manuel Andrés Ramírez”, quien advirtió a los representantes de las fuerzas armadas venezolanas: “La guerra no es contra ustedes”, al tiempo que acusa al ELN de permitir delitos como violaciones, asesinatos de civiles e incluso de niños. A la OPF se le atribuye el lanzamiento de artefactos explosivos para presionar el pago de extorsiones a comerciantes e industriales en el municipio Bolívar (estado Táchira, Venezuela).

Esta agrupación, con casi dos años de formada, está integrada por ex integrantes del Frente Juan Velazco Villamizar y del “Par Medio Cuéllar”, pertenecientes al ELN, así como antiguos miembros de las Fuerzas Bolivarianas Liberación (FBL) y guardias nacionales venezolanos, quienes han desplazado a los grupos paramilitares conocidos como “Rastrojos” y “Urabeños”, y desde San Antonio del Táchira controlan el territorio fronterizo entre ambas naciones. En enero 2018 un enfrentamiento armado entre guerrilleros y paramilitares se extendió por más de 7 horas en Pampanito, Zulia. Al día siguiente, una camioneta del Cicpc cruzó el pueblo cargando al  menos 8 cadáveres. Testigos afirman que eran paramilitares.

Como señala un artículo publicado en el portal venezolano Efecto Cocuyo, la lucha por el poder entre organizaciones armadas en la frontera deja desaparecidos, familias enlutadas y fosas comunes con cuerpos de venezolanos y colombianos a ambos lados de la franja binacional. Los ciudadanos que habitan en estados fronterizos con Colombia no confían en las autoridades, por ende prefieren no denunciar. Es por ello que no hay registro oficial confiable que determine cuántos venezolanos desaparecidos hay, solo se cuenta con investigaciones de ONG y la relación de denuncias en la opinión pública de familiares de las víctimas.

Frente a esta situación, la Fundación Redes ha exhortado al Estado venezolano a que restituya la soberanía en los territorios de frontera para superar el abandono que allí impera, así como someter a la justicia a quienes integran estas organizaciones armadas irregulares y garantizar el derecho a vivir y prosperar en un ambiente de paz a los habitantes de estas zonas.

En ese sentido, el 13 de junio de 2018 Fundaredes acudió a la Fiscalía General de la República a denunciar la violación de derechos humanos en Venezuela por la actuación de grupos irregulares colombianos y para solicitar a las autoridades y organismos policiales y militares que emprendan acciones en resguardo del territorio nacional, la soberanía y el derecho a la vida de los habitantes venezolanos de las zonas limítrofes con Colombia. El Ministerio Público se comprometió a abrir un expediente de investigación al respecto.

Además, la organización exhorta a las autoridades civiles y militares de Colombia, vinculadas con la protección y defensa de los ciudadanos, a ejecutar acciones que neutralicen a estos grupos irregulares protagonistas del conflicto en ese país por casi 60 años y que ha trascendido a territorio venezolano.

Redes ve la necesidad de pedir a los órganos de protección de derechos humanos de la comunidad internacional y a las misiones humanitarias internacionales que posen su mirada en las víctimas venezolanas de esta situación dramática que se vive en la frontera con Colombia, pues hasta ahora han sido ignoradas por el Estado venezolano.

 

 

 

 

La ONG Fundaredes hace público QUINTO boletín

“FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA: ESCENARIO DE UN CONFLICTO ARMADO ENTRE GUERRILLA Y PARAMILITARES”

 

 

Enlace espejo http://bit.ly/5toBoletinFundaREDES

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