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Caracas 17/05/18(PS).- El Director de la Fundación en defensa de los Derechos Humanos REDES, Javier Tarazona, solicitó ante sede del Ministerio Público el inicio de una investigación, debido a que al menos en diez estados del país, tanto la guerrilla colombiana de las Farc como la del ELN, “ejercen influencia y presión directa sobre la población” para que asistan a votar el próximo 20 de mayo por el candidato a la reelección Nicolás Maduro.

Explicó que luego de una amplia investigación que realizaran desde REDES en los estados Táchira, Zulia Apure, Barinas, Mérida, Portuguesa, Amazonas, Bolívar, Cojedes y Guárico, pudieron constatar y tener acceso a panfletos y comunicados, presumiblemente de ambos grupos armados quienes llaman a la defensa del proceso que representa Nicolás Maduro en el país. “Exigimos que se garanticen los derechos de los venezolanos que están siendo vulnerados en estos diez estados por grupos irregulares ilegales y ajenos a nuestra geografía”.

Tarazona recordó que esta situación encendió las alertas de la organización que representa, luego de que los guerrilleros de ambos grupos participaran de forma activa en el simulacro electoral del pasado 6 de mayo en los estados fronterizos, situación que alertó, viola la Declaración universal de los Derechos Humanos en su artículo 21, así como los artículos 2 y 25 del Pacto internacional de Derechos Civiles y políticos del cual Venezuela es firmante.

Destacó que vienen haciendo este seguimiento y registro de la actuación de la guerrilla colombiana en materia electoral en suelo venezolano desde 2007. “Cabe recordar que en el referendo que hiciera el difunto Hugo Chávez ese año, la guerrilla tuvo participación reuniendo a los ganaderos, vecinos y campesinos a fin de ejercer presión para que respaldaran su propuesta, situación que se repitió en 2015 en la elección de la Asamblea Nacional y denunciamos en su momento”.

 

“Cuando la guerrilla abiertamente está apoyando a través de estos panfletos al régimen de Nicolás Maduro, reviste un nivel de importancia la necesidad de que el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el propio Consejo Nacional Electoral actúen en defensa de los derechos de los ciudadanos que están siendo vulnerados”, sentenció.

Rechazó lo que definió como un “acto de complicidad” entre el gobierno de Maduro y los grupos irregulares colombianos, anunciando además que la fundación que dirige, se encuentra en un proceso de documentación para elevar estas denuncias este año a las Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.